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Piñera estudia aplicar Ley de seguridad del Estado por evasiones masivas en el Metro

El mandatario mencionó que "nadie tiene derecho a afectar la vida de los demás".

Belén Rubio |

El presidente Sebastián Piñera aseguró que está considerando aplicar la Ley de Seguridad del Estado contra los participantes de las protestas por el alza del pasaje del Metro, principalmente estudiantes de enseñanza media.

Durante esta semana, cientos de estudiantes han llegado hasta las estaciones más importantes de la red del tren subterráneo para ingresar sin pagar, en reclamo por el valor del pasaje ($830 en horario punta).

«Estamos estudiando la posibilidad de aplicar la ley de seguridad del Estado. En algunos casos la vamos a aplicar. Para eso está la ley. Nadie tiene derecho a afectar la vida de los demás», dijo el presidente en Radio Agricultura.

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«Las personas que agredieron a Carabineros y destruyeron, van a tener que enfrentar la justicia (…) No podemos tolerar de que haya un grupo que cree que tiene el derecho de destruir la propiedad pública. Hoy puede ser el metro. Mañana pueden decidir el ministerio de justicia, el registro civil», agregó.

Piñera cuestionó que las protestas estén lideradas por los estudiantes secundarios, ya que la última alza se hizo «sin tocar el precio del pasaje de los jóvenes y de los adultos mayores».

¿En qué consiste la Ley de seguridad del Estado?

La académica de Ciencias Penales de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, detalló en T13 que se trata de «una ley que fue establecida para neutralizar de alguna manera las disidencias políticas. Tuvo sus orígenes con la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, la ‘ley maldita’ de (Gabriel) González Videla, la inmediatamente antecesora de esta ley».

«Toda la normativa dice relación con delitos que se comenten en el curso de rebeliones o en el curso de protestas generalizadas. En general son delitos contra la seguridad interior del Estado y ahí hay una gran diferencia, porque hay que mirar cuál es la finalidad de las personas al momento de ejecutar el delito», agregó.

Villegas detalló que, según lo que dicta la letra c del artículo 6, que invoca el Gobierno en su querella, las penas por estos delitos pueden ir desde presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a cinco años de prisión) a presidio mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años de prisión).

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