La última encuesta de Cadem dejó una compleja señal para el gobierno de José Antonio Kast.
Según el sondeo, la aprobación al mandatario cayó cuatro puntos y llegó al 36%, transformándose en el nivel más bajo desde el inicio de su mandato.
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Por otro lado, su desaprobación llegó al 58%, en medio de crecientes dudas ciudadanas respecto al manejo de temas como seguridad e inmigración.
En esa línea, un 44% de los encuestados identificó la seguridad como el principal compromiso de campaña asociado al Presidente. Sin embargo, un 64% aseguró que no cree que el Gobierno tenga actualmente un plan concreto en esta materia.
Preocupación por inmigración y control fronterizo
En relación con inmigración, un 60% considera que la llegada de extranjeros ha sido negativa para el país, mientras que un 75% cree que deberían existir más restricciones migratorias que las actuales.
Además, un 65% respaldó la idea de que instituciones de salud y educación puedan entregar información para identificar a migrantes con órdenes de expulsión vigentes.
Respecto al denominado Plan Escudo Fronterizo, un 57% aprobó la medida, aunque solo la mitad de los encuestados cree que realmente permitirá frenar el ingreso irregular al país.
Las medidas con mayor respaldo
La encuesta también mostró amplio apoyo ciudadano a medidas más estrictas contra la inmigración irregular.
Entre ellas, un 85% estuvo de acuerdo con fiscalizar y sancionar a empleadores que contraten extranjeros en situación irregular, mientras que un 84% respaldó expulsarlos del país.
Además, un 83% apoyó restringir beneficios sociales a inmigrantes irregulares y un 72% se mostró favorable a establecer penas de cárcel para la inmigración ilegal.
La mayoría cree que expulsar a 300 mil migrantes “es imposible”
Otro de los puntos abordados por el estudio fue la promesa de expulsar a 300 mil inmigrantes irregulares.
Un 61% consideró que la medida es imposible de cumplir, mientras que un 54% cree que gran parte de la ciudadanía pensó que sí era una promesa realizable.
En esa línea, un 65% estima que la mayoría de los inmigrantes irregulares seguirá viviendo en Chile.
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Pese al endurecimiento de opiniones respecto al control migratorio, la encuesta también mostró respaldo a ciertos procesos de regularización.
Un 77% estuvo de acuerdo con regularizar a personas que lleven más de 10 años viviendo en Chile sin cometer delitos, mientras que un 60% apoyó regularizar a quienes puedan demostrar empleo formal.
Finalmente, un 40% se mostró favorable a regularizar a migrantes con hijos nacidos en Chile.