Una iniciativa que se tramita en el Congreso busca establecer sanciones para quienes presenten acusaciones, denuncias o querellas falsas, especialmente en causas relacionadas con violencia intrafamiliar (VIF), conflictos familiares y delitos sexuales.
Se trata del Boletín N.º 18.239-36, presentado por las senadoras Vanessa Kaiser, Paulina Balladares y María José Gatica, junto a los senadores Manuel José Ossandón y Enrique Van Rysselberghe, que busca crear un procedimiento judicial especial para determinar cuándo una acusación fue realizada con conocimiento de su falsedad o con manifiesta negligencia respecto de la verdad.
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De acuerdo al sitio web del Poder Judicial, la iniciativa apunta al eventual uso instrumental de denuncias en conflictos familiares judicializados, incluyendo materias como cuidado personal de hijos, relación directa y regular, pensiones alimenticias, VIF y denuncias por delitos sexuales.
¿Qué propone el proyecto?
La propuesta contempla un procedimiento especial para solicitar que un tribunal declare falsa una acusación, denuncia o querella que previamente haya sido desestimada.
La solicitud debería realizarse dentro de un año desde la resolución que absuelva, sobresea o descarte la imputación. Para acreditar la falsedad, se debería demostrar que la denuncia fue realizada sabiendo que era falsa o con manifiesta negligencia respecto de la verdad.
Entre las medidas propuestas se encuentran:
- Indemnización de perjuicios.
- Retractación pública.
- Eliminación de registros relacionados con la denuncia.
- Restitución de bienes o fondos afectados por medidas cautelares.
Además, se propone crear un nuevo delito para quienes formulen denuncias falsas declaradas judicialmente como tales.
Las sanciones contemplarían:
- Presidio menor en su grado medio a máximo.
- Multas de hasta 60 UTM.
- En casos relacionados con delitos sexuales o procedimientos de familia, la pena se aplicaría en su grado máximo.
- Si la denuncia provoca privación de libertad o separación de hijos, la pena podría aumentar en un grado.
El proyecto también contempla una atenuante para quienes realicen una retractación voluntaria, completa y oportuna.
La Corte Suprema analizó el proyecto y remitió su informe al Senado durante junio, realizando observaciones sobre distintos aspectos de la propuesta.