La crisis sanitaria ha obligado que niños y niñas se mantengan en sus casas por la orden de cerrar jardines infantiles y colegios.
Pero a través de una denuncia, personal de Carabineros descubrió un jardín infantil que seguía funcionando en la comuna de Maipú, con cuatro niños en su interior.
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»Respecto a una denuncia que hizo una persona particular señalando que este jardín se encontraba en funcionamiento, constando la veracidad de los hechos, encontramos cuatro alumnos pequeños y tres empleados», mencionó el coronel Mario Cárdenas.
El jardín «Creando» era destinado para los hijos de las trabajadoras de la empresa Fruna, la que había proporcionado un certificado de autorización que les permitía funcionar.
Pero ese documento no tiene ninguna validez, según explicó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, que llegó hasta el lugar: «Un certificado que no tiene ningún asidero, no está regulado, no existe en la normativa y tampoco en los instructivos que señalan que ellos como empresa Fruna autorizan, no sé con qué autoridad, a funcionar a un establecimiento educacional, en este caso parvulario, sin contar con ningún tipo de resolución sanitaria».
«No existe ese tipo de certificado, la empresa no está autorizada a contradecir una normativa sanitaria como es el no funcionamiento de los jardines infantiles», añadió la subsecretaria.
La autoridad, junto a la seremi de Salud metropolitana, Paula Labra, anunciaron las máximas sanciones contra el representante legal de Fruna y la sostenedora del jardín infantil y sala cuna de Maipú.
«Lamentablemente en este lugar hay niños, lo que no está permitido y de lo que se puede ver tampoco cumpliendo la normativa de salud respecto de esos niños», mencionó Martorell sobre los cuatro bebés encontrados en el lugar junto a tres asistentes parvularias.
Las irregularidades detectadas, como el permiso falso que conlleva declaraciones juradas falsa en Comisaría Virtual, exponen a la empresa Fruna y a la sostenedora a enfrentar penas que pueden llegar a los tres años de cárcel, más multas de 12 millones en materia penal y de hasta 50 millones en lo sanitario.