Un reciente informe del Consolidado de Información Circularizada (CIC) de la Contraloría General de la República reveló que 25.078 funcionarios públicos utilizaron licencias médicas entre 2023 y 2024 para viajar al extranjero.
El hallazgo provocó una ola de críticas por el uso indebido de beneficios estatales y la falta de fiscalización en el sector público.
El caso que más ruido genera: Amigo de Boric
Uno de los casos más polémicos involucra a Raúl Domínguez, actual jefe de la División de Política Regulatoria y Estudios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Además sería amigo de la infancia del Presidente Gabriel Boric, según información exclusiva del medio El Libero.
Domínguez aprovecharía una licencia médica para extender su estadía en Europa tras asistir al Mobile World Congress en China.
Licencia médica tras viaje internacional
Domínguez debía regresar a Chile el 5 de julio de 2023, fecha en que concluía su comisión de servicio. Sin embargo, presentó una licencia médica emitida en Chile por los días 6, 7 y 8 de julio.
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Posteriormente, solicitó feriado legal entre el 10 y 14 de julio, extendiendo su viaje en Europa 11 días más, de acuerdo con El Libero.
Contraloría confirma uso irregular de licencia
La Contraloría indicó que Domínguez no retornó al país al finalizar su misión oficial y que usó una licencia médica de forma irregular. Además, los feriados legales no estaban registrados, lo que infringe un instructivo presidencial que prohíbe permisos adyacentes a misiones internacionales.
Aumento de sueldo pese a la investigación
Raúl Domínguez comenzó a ser investigado por el uso irregular de una licencia médica el 24 de julio de 2023. A pesar de ello, continúa ejerciendo su cargo en la Subtel, recibiendo una remuneración bruta mensual de $7,3 millones.
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Además, su asignación por “función crítica”, que en diciembre de 2024 era de $982.293, aumentó en enero de 2025 a $1.023.903, en pleno desarrollo del proceso disciplinario.
Sumario administrativo
El 24 de julio de 2023, el subsecretario Claudio Araya inició una investigación sumaria. En enero de 2025, esta fue elevada a sumario administrativo, lo que refleja la gravedad de los hechos y abre la posibilidad de una eventual destitución del funcionario.
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