El Estado chileno entrega una amplia variedad de beneficios económicos y de bonos orientados a mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables. Sin embargo, un reciente análisis técnico evidenció que algunos aportes no estarían cumpliendo con su objetivo principal: disminuir la pobreza.
Se trata de un estudio solicitado en 2022 por el Ministerio de Hacienda al Sistema de Evaluación de Programas e Instituciones Públicas, cuyo propósito fue medir el impacto de bonos, subsidios, pensiones y becas financiados con recursos fiscales. El objetivo final: mejorar la eficiencia del gasto público.
¿Cuáles bonos podrían desaparecer?
Según el informe, el único beneficio que no demuestra impacto en la reducción de la pobreza ni vulnerabilidad es el Bono Bodas de Oro. Este aporte se creó en 2011 y entrega $445.352 a parejas que cumplen 50 años de matrimonio. Monto que se divide en partes iguales entre ambos cónyuges.
El bono puede se puede solicitar dentro del primer año posterior a la fecha en que se cumplen los 50 años de casados. Sin embargo, los datos analizados muestran que no cumple con el propósito de aliviar condiciones socioeconómicas precarias. Situación que enciende las alertas sobre su continuidad, según consignó Meganoticias.
Propuestas del informe
El análisis abarcó 28 beneficios otorgados por los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Trabajo, e incluyó programas actualmente vigentes y otros que ya no lo están. A partir de esta revisión, el Ministerio de Hacienda elaboró cuatro propuestas clave:
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"A través de un anuncio, los locatarios señalaron que llevarán el caso a la Municipalidad, los Tribunales y policía de ser necesario."
- Unificar los mecanismos de focalización mediante el Registro Social de Hogares (RSH).
- Fusionar beneficios similares, especialmente los relacionados con infancia y empleo.
- Revisar barreras de acceso por género, ajustes de montos y metodología de asignación.
- Eliminar aportes sin impacto real, como el Bono Bodas de Oro.
Estas propuestas serán consideradas en un futuro proyecto de ley de eficiencia del gasto público, que busca optimizar el uso de los recursos estatales y redirigir la ayuda a quienes realmente la necesitan.
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