Este viernes 1 de agosto se cumple un año desde que entró en vigencia la Ley Karin, una normativa que busca prevenir y sancionar el acoso laboral, sexual y otras formas de violencia en los espacios de trabajo en Chile.
En el marco de este aniversario, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo (Frente Amplio), entregó cifras clave tras su implementación.
Según datos de la Dirección del Trabajo (DT), entre el 1 de agosto de 2023 y el 30 de junio de 2024, se registraron 44.212 denuncias bajo el amparo de esta ley. De ellas, un 66,3% las presentaron mujeres, lo que demuestra el impacto de la violencia laboral con sesgo de género.
El 87% de estas denuncias están relacionadas con acoso laboral, un 6% con acoso sexual, y otro 6% con diferentes formas de violencia laboral.
“Este cambio cultural lleva a que muchas prácticas que estaban normalizadas en las empresas ahora todos nos demos cuenta de que no estaban bien y que son susceptibles de denuncia. Esto demuestra que había una necesidad”, señaló el ministro Boccardo.
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¿Qué ocurre con las denuncias por Ley Karin?
Del total, alrededor de un 42% han sido formalmente investigadas como casos bajo la Ley Karin. Otro 40% corresponde a vulneraciones de derechos distintos, y una fracción menor ni siquiera cumplía con los requisitos formales de denuncia.
Boccardo también explicó que las empresas tienen dos vías para gestionar los casos. Pueden tramitar directamente las denuncias ante la DT o realizar sus propios procesos internos y luego derivarlas.
Sin embargo, se detectó un problema relevante: el 66% de las denuncias derivadas a la DT provienen de grandes empresas, cuando se esperaba que esa vía fuera usada principalmente por pymes.
“Nos hemos encontrado con sorpresa que una cantidad importante de denuncias proviene de la gran empresa. Esto nos lleva a hacer un llamado para que las compañías asuman su rol, investiguen y apliquen las sanciones cuando corresponda”, enfatizó el ministro.
Próximas acciones del Gobierno
Boccardo anunció que en las próximas semanas el Ministerio del Trabajo implementará nuevas medidas para automatizar procesos, junto con fiscalizaciones específicas a empresas que no estén cumpliendo con la ley.
“Es fundamental que esta ley no sea solo una promesa, sino una herramienta efectiva para proteger los derechos de las y los trabajadores”, concluyó.
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