Una actividad turística realizada en el Río Futaleufú terminó con sanciones para cuatro turistas rusos y un ciudadano chileno, luego de que fueran sorprendidos utilizando motos de agua en un cauce que cuenta con protección ambiental.
El procedimiento fue realizado por Carabineros en conjunto con personal municipal de la comuna, tras detectarse la práctica de un deporte prohibido en la zona.
El Río Futaleufú es reconocido por su alto valor ecológico y fue uno de los primeros en Chile en contar con medidas especiales para su preservación. Por lo mismo, el uso de embarcaciones motorizadas está expresamente restringido.
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Aun así, el grupo fue detectado recorriendo el sector, situación que generó alerta entre las autoridades locales y posteriormente entre usuarios de redes sociales, luego de que se difundieran registros audiovisuales del hecho.
De acuerdo con lo informado por el medio La Tercera, el guía chileno que participaba en la actividad intentó justificar su rol señalando que “solo lo habían contratado” y que recibía pago “por llevar la camioneta”. Sin embargo, fue igualmente multado al constatarse que conducía dicho vehículo sin la licencia correspondiente.
Desde el municipio indicaron que los turistas argumentaron no estar al tanto de la normativa que protege el río. En ese sentido, el director de Seguridad Pública de Futaleufú, Carlos Espinoza, explicó que los visitantes apelaron al desconocimiento de la condición ambiental del cauce, aunque esto no los eximió de responsabilidad.
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Según los antecedentes disponibles, la actividad estaría vinculada a la empresa de origen ruso Sledext, la que promociona este tipo de experiencias como “una expedición de ensueño en Chile”, incluso en otras áreas protegidas del país.
No obstante, la normativa comunal es clara: la Ordenanza de Medio Ambiente establece, en su artículo 24, que se “prohíbe la utilización de motos acuáticas en ríos, lagos y lagunas, y el uso de motores en los ríos Futaleufú y Espolón”.
El caso volvió a poner en discusión la fiscalización del turismo en zonas protegidas y la necesidad de reforzar la información y control sobre actividades que puedan poner en riesgo ecosistemas únicos del sur del país.
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