La polémica por los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) sigue sumando capítulos. Esta vez, la Tesorería General de la República (TGR) valoró un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que respaldó los procedimientos de cobro que actualmente está aplicando el organismo.
La decisión judicial rechazó de manera unánime cuatro recursos de protección presentados por personas con deudas asociadas al CAE, quienes buscaban frenar las acciones de cobranza impulsadas por la Tesorería.
Según informó la TGR, la resolución confirmó la legalidad de los procesos de recuperación de fondos públicos que se activan cuando los beneficiarios incumplen el pago de sus créditos.
Corte respaldó los procedimientos de cobro
Uno de los casos analizados por el tribunal correspondía a un deudor que cuestionó la utilización de mecanismos contemplados en el Código Tributario para exigir el pago de la deuda y ordenar eventuales embargos.
Su argumento apuntaba a que el CAE corresponde a una obligación de carácter civil y no tributario, por lo que —a su juicio— dichos procedimientos no podían aplicarse.
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""Por primera vez en mi vida voy a evaluar acciones judiciales. Mira que han hablado weas de mí", dijo Solabarrieta."
Sin embargo, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso concluyó que no existía arbitrariedad en la actuación de la Tesorería.
Desde la institución explicaron que, una vez que el Estado debe asumir la garantía del crédito por incumplimiento del deudor, queda facultado para iniciar acciones destinadas a recuperar esos recursos mediante los mecanismos establecidos por la legislación vigente.
Embargos y nuevas facilidades de pago
El fallo se conoce en medio del inicio de nuevas medidas de cobro impulsadas por la TGR.
Desde junio, el organismo comenzó a ejecutar embargos de bienes raíces y retenciones de fondos en cuentas bancarias de quienes mantienen deudas impagas y no han regularizado su situación.
Paralelamente, la Tesorería anunció cambios en sus convenios de pago, eliminando la obligación de realizar un abono inicial equivalente al 10% de la deuda y ofreciendo planes más flexibles según la situación económica de cada persona.
Además, reiteró el llamado a los deudores a acercarse a regularizar sus compromisos para evitar nuevas acciones judiciales y eventuales embargos.
La entidad también destacó que este fallo se suma a resoluciones similares emitidas por la Corte de Apelaciones de Arica y a más de 450 recursos declarados inadmisibles por la Corte Suprema, lo que, según sostienen, confirma el criterio que ha mantenido la justicia respecto a este tipo de procesos.