La nueva Ley de Protección de Datos Personales impondrá exigencias no solo a los grandes corporativos, sino también a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a todo aquél que recolecte RUT, nombres, teléfonos o direcciones.
A partir del 1 de diciembre de 2026, acciones cotidianas como agendar una hora de atención por WhatsApp, mantener un cuaderno con deudores o guardar datos en planillas de Excel deberán ajustarse estrictamente a los nuevos estándares legales.
“Uno de los principales riesgos es creer que esta ley afecta solamente a las grandes empresas. Cualquier negocio o profesional que maneje datos personales deberá revisar cómo los obtiene, almacena, utiliza y protege”, advierte Felipe Vial, cofundador de la plataforma Ley de Datos Fácil.
¿Cuáles son las multas por no cumplir la normativa?
La legislación introduce la creación de la nueva Agencia de Protección de Datos Personales. Organismo que contará con amplias facultades para fiscalizar, investigar y sancionar a quienes no cumplan la norma.
Las sanciones económicas contempladas son de alto impacto:
- Infracciones gravísimas: Multas que pueden alcanzar hasta las 20.000 UTM (más de $1.300 millones de pesos).
- En caso de reincidencia: Las sanciones pueden llegar hasta un tope de 60.000 UTM.
El desafío para los pequeños negocios y los derechos ARCOP
La nueva regulación consagra los denominados derechos ARCOP (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad), garantizando que las personas sean dueñas de su información y puedan exigir saber qué uso se le da a sus datos o pedir su eliminación definitiva.
Para facilitar la transición desde la informalidad hacia el cumplimiento, surgen herramientas como Ley de Datos Fácil. Plataforma chilena que mediante inteligencia artificial permite a los emprendedores realizar un diagnóstico. Además puede organizar el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) y construir un Modelo de Prevención de Infracciones de manera sencilla.
El llamado de los expertos es a no esperar hasta el límite de la fecha de entrada en vigencia para ordenar los registros y revisar quiénes tienen acceso a los datos de la clientela.
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