En una audiencia clave realizada este lunes, el Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó arresto domiciliario total para Catalina Pérez.
Se trata de la exdiputada desaforada y exmilitante del Frente Amplio, formalizada por su participación en el denominado Caso Democracia Viva, una de las aristas más graves del Caso Convenios.
Fiscalía pidió prisión preventiva para Catalina Pérez
La Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó la medida de prisión preventiva, argumentando la gravedad de los hechos imputados y el riesgo que la imputada representaría para la sociedad.
No obstante, la jueza Claudia Campusano determinó que la medida más adecuada era el arresto domiciliario total. Sin embargo, coincidió con la fiscalía en que Pérez representaba un peligro público.
Formalizada por tres delitos de fraude al fisco
Catalina Pérez fue formalizada por tres delitos de fraude al fisco, relacionados con la firma de convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Democracia Viva. Esta última era una entidad sin experiencia previa en proyectos habitacionales.
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Los acuerdos realizados permitieron el traspaso de millones de pesos en fondos públicos a una organización dirigida por su expareja, Daniel Andrade. Todo en coordinación con el entonces seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la parlamentaria.
Chats filtrados
La situación de Pérez se agravó tras la filtración de conversaciones privadas en noviembre de 2024, que demostrarían su conocimiento previo de los convenios irregulares. Esto motivó nuevas críticas desde el oficialismo y la oposición, y culminó con su renuncia al Frente Amplio el 15 de noviembre del año pasado.
En abril de 2025, la Corte Suprema acogió la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público, habilitando así su formalización, según consignó 24 Horas.
El escándalo Democracia Viva
El Caso Democracia Viva se ha convertido en el emblema del Caso Convenios, al involucrar directamente a una figura política de alto perfil y exautoridades del gobierno en Antofagasta.
La fundación recibió recursos para desarrollar iniciativas habitacionales, sin acreditar experiencia ni capacidad técnica, en un proceso que ha sido calificado como clientelismo político y uso indebido de recursos fiscales.
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