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88% respalda requisar bienes al crimen organizado pero cree que no se requiere la Constitución para abordar la delincuencia

Encuesta Cadem revela datos respecto a la aprobación del presidente José Antonio Kast.

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Agencia UNO

Este jueves 20 de agosto, se dieron a conocer los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem N° 682, medición que abordó en detalle la percepción ciudadana sobre las medidas de seguridad, la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo y la aprobación a la gestión del Presidente José Antonio Kast.

Estado de Excepción y medidas de control

Respecto a la atribución para aplicar un nuevo Estado de Excepción, un 58% se manifestó en desacuerdo con que este pueda ser decretado únicamente por el Presidente de la República, mientras que un 37% apoya dicha facultad.

Sin embargo, la aprobación a la medida sube al 52% si cuenta con la validación del Congreso Nacional.

En cuanto a las herramientas específicas dentro de esta atribución, las que generan mayor respaldo son:

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  • Requisar bienes vinculados al crimen organizado o terrorismo (88%)
  • Permitir el apoyo de las Fuerzas Armadas a Carabineros (78%)

En la vereda opuesta, las herramientas que registran un menor nivel de adhesión son la interceptación de comunicaciones (46%), la restricción temporal del libre tránsito (40%) y la limitación a la libertad de reunión (27%).

Agenda de seguridad y posturas frente a la Constitución

La agenda de seguridad impulsada por el Mandatario cuenta con un 50% de acuerdo y un 39% de desacuerdo. El análisis según identificación política refleja diferencias significativas: en la derecha el respaldo alcanza el 78%, en el centro llega al 58%, mientras que en la izquierda un 71% rechaza el plan.

Por otro lado, un 51% de los encuestados considera que no es necesario modificar la Constitución, sosteniendo que el Estado ya posee las herramientas suficientes para combatir la delincuencia.

Pese a esto, al evaluar las propuestas puntuales de la reforma, la ciudadanía apoya ampliamente diversos ejes:

  • Inhabilidad permanente para cargos públicos a condenados por crimen organizado (89%)
  • Incorporar la seguridad pública como deber explícito del Estado (81%)
  • Restricción por 15 años para acceder a penas sustitutivas (80%)
  • Establecimiento de un régimen penitenciario especial (74%)

Asimismo, las sanciones que involucran la restricción de beneficios estatales a condenados registraron un respaldo de 66% en pensiones, 58% en educación y 54% en salud.

Dilema entre seguridad y libertades personales

Frente al debate sobre las garantías individuales ante la delincuencia:

  • Un 45% opina que se debe buscar un equilibrio entre la seguridad y las libertades.
  • Un 35% considera prioritario garantizar la seguridad, aun si implica limitar libertades.
  • Un 17% sostiene que las libertades deben resguardarse, incluso si eso restringe la capacidad de acción contra el delito.

Aprobación Presidencial

Finalmente, en el balance político correspondiente a la tercera semana de agosto, la aprobación del Presidente Kast se ubicó en un 39% (cayendo 2 puntos respecto a la medición anterior), mientras que la desaprobación ascendió al 56% (registrando un alza de 3 puntos).

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