La educación en Chile atraviesa un escenario crítico debido al continuo deterioro de la convivencia y el aumento de los episodios de violencia al interior de los establecimientos educativos.
De acuerdo con cifras oficiales de la Superintendencia de Educación, las denuncias asociadas a la convivencia escolar alcanzaron un máximo histórico durante el primer semestre de 2026, contabilizando 6.308 registros.
Esta cifra representa un incremento del 3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Del total de denuncias ingresadas, el 55% corresponde a episodios de maltrato entre los propios estudiantes, un indicador que se da en un contexto atravesado por hechos de extrema gravedad que han conmocionado a distintas comunidades educativas del país.
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Entre los casos más drásticos reportados durante este periodo destacan el apuñalamiento a una niña de solo 7 años en la comuna de La Granja, el fallecimiento de un estudiante de 16 años tras un ataque en San Bernardo y diversos episodios de violencia dirigida que se han registrado en Calama.
Ante esta realidad, la Ley 21.809 o de Convivencia Escolar, publicada el 1 de abril de 2026 y vigente desde el 1 de julio de 2026, establece un nuevo estándar para prevenir y erradicar el acoso, la discriminación y la violencia en las comunidades educativas.
Violencia escolar y las leyes
Esta normativa define la buena convivencia como una coexistencia armónica basada en relaciones inclusivas, solidaridad y la resolución pacífica de conflictos.
Los puntos centrales de la ley incluyen:
- Equipos especializados: Todos los establecimientos deben contar con un equipo de convivencia educativa liderado por un Coordinador de Convivencia con dedicación exclusiva.
- Plan de gestión obligatorio: Los colegios deben implementar un Plan de Gestión de Convivencia Educativa que incluya estrategias de prevención, resolución de conflictos y promoción del bienestar socioemocional y la salud mental.
- Protección al personal: La ley reconoce el derecho de profesores y asistentes de la educación a trabajar en entornos seguros, protegiendo su integridad física y psicológica frente a agresiones de terceros.
Ciberacoso, violencia digital y amenazas
La ley es explícita al abordar las nuevas formas de violencia digital.
Define el acoso escolar como cualquier agresión u hostigamiento reiterado, ya sea físico o psicológico, realizado por cualquier medio, incluyendo expresamente los medios tecnológicos (ciberacoso).
Para enfrentar estas amenazas, los establecimientos están obligados a:
- Activar protocolos inmediatos: Ante cualquier sospecha de acoso escolar, el colegio debe activar su reglamento interno en los plazos dispuestos.
- Canales de denuncia seguros: Se debe garantizar la existencia de canales confidenciales y con reserva de identidad para denunciar actos de violencia.
- Deber de reporte: Todo el personal adulto de la comunidad tiene la obligación de informar cualquier hecho de violencia o acoso del que tome conocimiento.
Sanciones y medidas disciplinarias
La Ley 21.809 establece que las sanciones deben ser siempre proporcionales a la falta y poseer un enfoque formativo:
- Suspensión: Solo procede cuando no sea posible resguardar a la víctima por otros medios y no puede exceder los 15 días hábiles. El colegio debe asegurar que el estudiante suspendido reciba monitoreo pedagógico para no interrumpir su trayectoria educativa.
- Expulsión y cancelación de matrícula: Estas son medidas de carácter excepcional. Para aplicarlas, se requiere un informe previo de una comisión técnica que demuestre que se agotaron todas las alternativas pedagógicas y formativas previas.
- Violencia contra trabajadores: Las agresiones de estudiantes o apoderados contra trabajadores del colegio se consideran violencia en el trabajo ejercida por terceros. Lo que obliga al establecimiento a prestar apoyo legal y presentar las denuncias correspondientes ante la justicia.
Con esta nueva normativa, el Estado asume el deber de promover entornos educativos seguros, respondiendo a una crisis de convivencia que requiere medidas urgentes para proteger el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
