Agencia Uno
El Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó este lunes al Senado un proyecto de reforma constitucional que busca fortalecer el sistema nacional de seguridad pública y entregar nuevas herramientas para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo.
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La iniciativa, que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), fue ingresada con suma urgencia, por lo que tendrá un plazo de 15 días para ser discutida en el Congreso.
1. Incorporar la seguridad pública como deber del Estado
La reforma propone incorporar expresamente la seguridad pública como un deber del Estado, junto con la obligación de resguardar la seguridad nacional.
2. Nuevas medidas contra el crimen organizado
El proyecto plantea crear un nuevo artículo constitucional para reforzar la protección de la seguridad pública frente al crimen organizado. También contempla regímenes penitenciarios diferenciados, restricciones de comunicaciones, visitas y traslados para determinados condenados, además de limitar algunos beneficios penitenciarios.
3. Crear un registro de organizaciones criminales
La iniciativa permitiría que una ley establezca registros de organizaciones criminales, cuya incorporación tendría efectos en la determinación de la responsabilidad penal de sus integrantes. Sin embargo, el Ministerio Público deberá acreditar la participación individual de cada imputado.
4. Facultad presidencial para declarar una organización criminal
El Presidente podría declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.
La decisión deberá ser posteriormente aprobada por el Senado con un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio.
5. Incorporar la amenaza grave a la seguridad pública
La propuesta amplía las causales que permiten adoptar medidas extraordinarias, incorporando una amenaza grave e inminente o una afectación grave de la seguridad pública, además de la calamidad pública.
6. Crear un nuevo estado de excepción de seguridad pública
Uno de los principales puntos de la reforma es la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública.
Este podría ser decretado ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta ya haya sido gravemente afectada. Tendría una duración máxima de 120 días, con posibilidad de una prórroga por igual período. Para nuevas extensiones se necesitaría el acuerdo del Congreso.
7. Nuevas facultades durante el estado de excepción
Mientras esté vigente este estado de excepción, el Presidente podría restringir o suspender la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión.
Además, podría restringir el derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones, y disponer requisiciones de bienes.
8. Establecer un rol para el Senado
Finalmente, el proyecto establece que el Senado deberá aprobar o rechazar, en sesión secreta y por dos tercios de sus miembros en ejercicio, las declaraciones presidenciales sobre agrupaciones consideradas terroristas o de crimen organizado.
La Cámara Alta tendrá cinco días desde la recepción de la solicitud para pronunciarse y no podrá introducir modificaciones a la declaración.
La iniciativa lleva las firmas del presidente José Antonio Kast y de los ministros del Interior, Claudio Alvarado; Defensa, Fernando Barros; Seguridad Pública, Martín Arrau; y Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
