«En el marco de las preparaciones para la discusión del Presupuesto 2027, el Gobierno analiza en detalle el gasto asignado a la Pensión Garantizada Universal (PGU).
La medida tiene como propósito realizar cruces de información actualizados para comprobar que los fondos públicos lleguen a las personas que cumplen con las exigencias legales.
¿Qué significa esto para los beneficiarios de la PGU?
La revisión está a cargo de la Dirección de Presupuestos (Dipres) y no contempla la eliminación ni un cambio generalizado del beneficio, sino la fiscalización de casos particulares.
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Durante su intervención ante la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, explicó que la Dipres prepara un análisis cruzado. Esto con la finalidad de auditar la condición socioeconómica de los beneficiarios y su grupo familiar.
Cabe recordar que una de las reglas clave de la PGU es no pertenecer al 10% más rico de la población.
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«¿Cuándo fue la última vez que miramos los ingresos para ver si se cumple esa regla?», planteó Gómez.
El titular de la Dipres aclaró que el proceso no busca presumir dolo o mala fe por parte de los usufructuarios. Sino velar por el cumplimiento riguroso de la norma:
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"Actualmente, el ingreso mínimo salarial se ubica en $553.553, cifra vigente desde mayo de 2026. "
«El análisis no apunta necesariamente a detectar dolo o mala intención, sino a comprobar que el gasto se ajuste a lo establecido por el legislador», enfatizó el autoridad.
El impacto económico y los montos en juego
Actualmente, la PGU representa un desembolso fiscal cercano a los US$ 5.800 millones y llega a más de 2,2 millones de personas en todo el país.
Debido a la magnitud de estos recursos, desde el Ejecutivo destacan que cualquier ajuste en los padrones puede generar un ahorro fiscal significativo.
«Un 1% del gasto de la PGU equivale a unos US$ 60 millones. Si es que, por ejemplo, se lograra ahorrar 1 o 2% para ser muy transparentes solamente detectando mal uso, entonces en la práctica van a ser recursos importantes», sostuvo Gómez.
Esta auditoría al padrón de la PGU forma parte de una revisión más amplia del gasto público que alista el Ejecutivo antes del ingreso del proyecto de ley de Presupuesto 2027 al Congreso, cuyo plazo límite vence el próximo 30 de septiembre.
El proceso también abarcará la evaluación de otras ayudas estatales, como el Subsidio Único Familiar.
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