Agencia UNO
La discusión por sumar otro feriado a las celebraciones de Fiestas Patrias toma un nuevo giro en el Congreso Nacional.
Pese a los informes técnicos iniciales, la Sala de la Cámara de Diputados decidió avanzar en la tramitación de las iniciativas que buscan declarar el 17 de septiembre como feriado.
Resultados de la votación para un nuevo feriado en Fiestas Patrias
Actualmente, existen tres proyectos de ley que buscan este objetivo, impulsados por parlamentarios como Sandra Parisi, Javier Olivares y el diputado Barraza (PC).
En una jornada clave, la Sala de la Cámara de Diputados consiguió la mayoría para declarar admisible el proyecto.
Fue aprobado con 64 votos a favor en una instancia, y el último de los proyectos recibió 57 votos a favor, 50 en contra y 2 abstenciones.
¿Qué significa que el proyecto sea «admisible»?
En este caso, la Secretaría de la Cámara, la presidencia de la corporación y la Dipress declararon inicialmente los proyectos como inadmisibles.
Esto se debe a que, constitucionalmente, establecer feriados es una atribución exclusiva del Presidente de la República.
Sin embargo, cuando la Sala vota a favor de la admisibilidad, significa que los diputados deciden, por mayoría, que el proyecto sí debe ser discutido.
El complejo camino legislativo
A través de T13 en vivo, se pudo ver la información en directa desde el Congreso.
No obstante, a pesar del avance en la Cámara, el camino para que el 17 de septiembre sea feriado queda cuesta arriba debido a varios factores:
- Trámite en el Senado: Tras pasar por comisiones y ser votado nuevamente en la Sala de la Cámara, el proyecto debe ir al Senado. Allí se deberá votar otra vez su admisibilidad.
- Factor tiempo: La próxima semana es distrital, por lo que el Congreso retomará funciones recién en septiembre. Tiempo muy estrecho para consolidar el feriado.
- Falta de urgencia: Al no contar con el apoyo del Ejecutivo, el proyecto no tiene «urgencia», lo que ralentiza su avance.
- Tribunal Constitucional (TC): Si el proyecto logra sortear todas las etapas, el Gobierno tiene la facultad de recurrir al Tribunal Constitucional para declararlo inconstitucional o aplicar un veto presidencial.
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