Créditos: Agencia Uno
La Contraloría General de la República tomó razón de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) que busca fortalecer las medidas contra la evasión en el transporte público.
La normativa introduce una serie de modificaciones a la Ley de Tránsito con el objetivo de mejorar el control del pago de pasajes y disminuir una práctica que, según las autoridades, genera importantes pérdidas para el sistema.
Entre los cambios más relevantes, se establece que los pasajeros deberán ingresar a los buses por la puerta delantera, salvo en aquellos casos que sean autorizados expresamente por la autoridad competente.
Podrán exigir el pago inmediato
La nueva regulación también faculta a Carabineros, inspectores fiscales e inspectores municipales para exigir el pago de una tarifa recargada cuando detecten que un usuario no canceló su pasaje.
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Si la persona se niega a efectuar dicho pago, deberá descender del vehículo y sus antecedentes serán enviados a la Subsecretaría de Transportes para iniciar el respectivo procedimiento sancionatorio.
Además, la normativa fortalece el funcionamiento del Registro de Pasajeros Infractores, donde quedarán inscritos quienes mantengan sanciones vigentes por evasión.
Restricciones para evasores reincidentes
Uno de los aspectos que más llamó la atención es que la ley contempla nuevas restricciones para quienes figuren en este registro.
Entre ellas, se establece la prohibición de comprar entradas o ingresar a partidos del fútbol profesional mientras mantengan una inscripción vigente como infractores.
A esto se suma otra medida que involucra al Servicio de Registro Civil. Según la normativa, al momento de solicitar un pasaporte o su renovación, la institución deberá verificar si la persona figura en el Registro de Pasajeros Infractores.
En caso de mantener una sanción vigente por evasión, la solicitud será rechazada hasta regularizar la situación.
Con estas medidas, el Ministerio de Transportes busca reforzar el cumplimiento del pago de pasajes y desincentivar la evasión en el transporte público, una problemática que continúa siendo uno de los principales desafíos para el sistema de movilidad urbana del país.
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