La familia de Tomás Bravo acusa a José Ortiz, jefe de la Fiscalía de Arauco, de actuar con sesgo al no inhabilitarse y liderar la investigación del «Caso Tomás». El fiscal habría gestionado 14 órdenes de detención contra la familia completa del menor en el año 2019.
Según reportó Radio Cooperativa, fue entre el 20 de junio de 2019 y 8 el agosto del mismo año. Entre esas fechas ocurrió un litigio civil entre Forestal Arauco y la familia por la propiedad en Caripilún.
Existe un recurso de amparo tramitado en la Corte de Apelaciones de Concepción y la Corte Suprema, pero rechazado. Ahí se indica que los uniformados arribaron al lugar en 14 oportunidades tras recibir denuncias de robo de madera. Esto, ya que el grupo familiar decidió explotar el bosque en discusión.
Era el Fiscal José Ortiz, el que por vía telefónica gestionaba las órdenes para detener a cualquier persona que se encontrara dentro del sector en discusión.
La familia no quiere al Fiscal en el caso
Elisa Martínez, abuela de Tomás, es quien representa y aparece como recurrente en el caso al encontrarse interdicta su madre.
«Demasiado terrible lo que pasó, porque están las pruebas de que él (el fiscal) autorizaba las detenciones de la familia dando a favor de Forestal Arauco, entonces si eso está comprobado con documentos me parece que él jamás debió haber estado detrás de la causa de mi nieto», señaló Martínez al medio.
«Mucho hostigamiento, días seguidos, no nos dejaban tranquilos y él era el que daba la orden para ello, entonces cuando hemos hablado que está contra la familia, que nos ha parecido muy mal su procedimiento es porque teníamos eso en mente, siempre hemos sabido que él nos ha hostigado y ha estado apoyando a Forestal Arauco», dijo la abuela de Tomás.
Sin embargo, los expedientes muestran que la Forestal Arauco ha cumplido con aportar con los insumos que se le han solicitado.
Entre ellos, las imágenes de las cámaras de la torre y las que estaban en la polémica. Las que fueron retiradas días posteriores a la desaparición del pequeño de la cabina.
¿Qué se acusa?
Finalmente, el representante de Estefanía Gutierrez, Pedro Díaz confirmó la acción a la prensa. Solicitó formalmente a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, que el fiscal José Ortiz sea desvinculado del caso por completo y que tampoco se entere de las diligencias que cursa el caso.
Esta petición se concretó durante la reunión que tuvieron los padres de Tomás Bravo y Marcela Cartagena.
«Realmente hay un sesgo. Es perjudicial porque de repente se pierde el norte y el objetivo de saber la verdad y buscar a las personas responsables, que en esta investigación ha pasado tanto tiempo con una persona formalizada, que aparentemente no tiene responsabilidad, y se perdió quizás la oportunidad de poder investigar a quienes pudieron haberla tenido», indicó el abogado de la mamá de Tomás.
«Tener el fiscal con algunas de las partes enemistad, odio o resentimiento que haga presumir que no se haya revestido de la debida objetividad», indica la ley 19.640 que regula al Ministerio Público y por la que se puede acusar inhabilidad.
Al preguntarle a la Fiscal Marcela Cartagena sobre si existió un apuro en formalizar al tío abuelo del menor, Jorge Escobar. La persecutora respondió «esa es una conclusión que en algún momento, como Ministerio Público, deberemos sacar, pero no es el momento. Le aseguro que llegará el momento que nos vamos a pronunciar sobre esto», dijo el 14 abril.
Hasta hoy, no se ha pronunciado al respecto.