Despachan a ley norma que evita el corte de suministros básicos por mora

La iniciativa extiende el plazo para que las empresas proveedoras de servicios sanitarios no corten el suministro por no pago.

Suministros Básicos

Este jueves 6 de mayo, la Cámara de Diputados ratificó, en general y en particular, el proyecto que evita el corte de suministros básicos debido a mora. Con esto, se dejó el texto en condiciones de ser promulgado como ley por parte del Gobierno.

La iniciativa prorroga los efectos de la Ley 21.249, que dispone de manera excepcional, medidas en favor de los usuarios finales de los servicios sanitarios, de electricidad y de gas de red.

Además, la norma extiende hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo para que las empresas proveedoras de servicios sanitarios, las empresas y cooperativas de distribución de electricidad, así como también las distribuidoras de gas de red, no corten el suministro por mora de sus clientes.

Las deudas contraídas con las empresas de suministros básicos, como servicios sanitarios, eléctricos y de gas, generadas entre el día 18 de marzo de 2020 y el 30 de noviembre de 2021, se prorratearán en el número de cuotas mensuales que determine el usuario a su elección, las que no podrán exceder las 48. En la actual normativa el plazo máximo es de 36 cuotas.

Los requisitos para optar al beneficio son:

  1. Encontrarse dentro del 80% de vulnerabilidad del Registro Social de Hogares. La actual normativa contempla solo el 60% más vulnerable.
  2. Tener la calidad de adulto mayor.
  3. Estar percibiendo las prestaciones del seguro de desempleo.
  4. Estar acogido a la Ley de Suspensión del Empleo o a la celebración de un pacto de reducción temporal de jornada.
  5. Ser trabajador independiente o informal y expresar, mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de sus ingresos.

Serán beneficiarios de la ley:

  1. Usuarios residenciales o domiciliarios.
  2. Hospitales y centros de salud.
  3. Cárceles y recintos penitenciarios.
  4. Hogares de menores en riesgo social, abandono o compromiso delictual.
  5. Hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores.
  6. Bomberos.
  7. Organizaciones sin fines de lucro.
  8. Microempresas.

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